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Así se pronunció la Federación Argentina de Colegios de Abogados respecto a la disputa entre el presidente Néstor Kirchner y la Cámara Nacional de Casación Penal por las causas de derechos humanos. La entidad pidió respetar la división de poderes y bregó por la aceleración de los expedientes. Además sostuvo que no se debe apañar la impunidad por demoras injustificadas.

“Sensación de una fuerte intromisión del Poder Ejecutivo frente al Poder Judicial” y afectación de la “independencia y el principio republicano de división de poderes”. En esos términos se pronunció este viernes la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) respecto al pedido del presidente Néstor Kirchner para acelerar las causas sobre violación a los derechos humanos que se tramitan en la Cámara Nacional de Casación Penal.

“Deseamos creer que lejos debe haber estado en el pensamiento del Presidente pretender lesionar la independencia del Poder Judicial, pero sus apreciaciones políticas, formuladas desde su investidura, provocaron ese efecto”, señaló la entidad a través de un comunicado titulado “Proteger la independencia del Poder Judicial, la división de poderes y la defensa de los derechos humanos es deber de todos”.

El pronunciamiento de la FACA llegó luego de la primera reunión del año de la Junta de Gobierno de la entidad que se realizó en San Juan. La opinión de la FACA no es menor porque reúne a 78 colegios de abogados del país.

El sábado 24 de marzo pasado el presidente Néstor Kirchner instó a la Cámara de Casación a acelerar las causas por violaciones a los derechos humanos. “¿Qué pasa en la Cámara de Casación, donde están parados juicios que deberían estar en marcha?”, se preguntó Kirchner. Lo hizo en el 31 aniversario del último golpe de estado y a cinco días de presentada una denuncia en el Consejo de la Magistratura pidiendo el juicio político de cuatro jueces de ese tribunal: su presidente, Alfredo Bisordi, Gustavo Hornos, Ana María Capolupo de Durañona y Vedia y Eduardo Riggi.

La respuesta no se hizo esperar y el propio Bisordi le contestó a Kirchner. “Por este camino vamos a la suma del poder público”, dijo Bisordi y agregó que “durante los gobiernos autoritarios y constitucionales, jamás he visto una intromisión en la labor de los tribunales como la del ahora presidente de la República”.

En la misma línea que el Presidente, la FACA señaló que “debe acelerarse el trámite de las causas para llegar a la justicia en tiempo oportuno y no apañar la impunidad por demoras injustificadas en la resolución de las cuestiones pendientes”. Y reiteró sus reclamos para una “adecuada protección de jueces, testigos, querellantes y abogados”.

“El fortalecimiento institucional del sistema de justicia es sinónimo de desarrollo e inclusión social, debiéndose constituir en una verdadera cuestión de Estado en defensa de la Justicia y la Verdad, y de una República sin autismos ni estridentes declaraciones para encontrar así una respuesta válida y rápida que enfrente estructuralmente el problema. La independencia de los jueces también descansa sobre ellos, debiendo asumir éstos la responsabilidad con idoneidad, aptitud funcional y vocación democrática para acceder y permanecer en el cargo”, manifestó la Federación.

En ese marco, la FACA concluyó con un “enérgico llamado para que no se pierda el verdadero centro del debate y lograr así una mejor justicia que, sin duda, siempre pasará por respetar a ultranza su independencia, generando acciones que revitalicen su funcionamiento, el Estado de Derecho y los Derechos Humanos”.

Pero no sólo los abogados emitieron su opinión sobre el tema, los jueces también. La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional opinó que los dichos de Kirchner “revelan una falta de consideración institucional” hacia los jueces de Casación y “una intolerable injerencia de uno de los poderes políticos del Estado en la administración de Justicia”.

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que “sin perjuicio de que la conducta de los miembros de los tres poderes del Estado está sometida a controles republicanos, dicho control debe ser efectuado con mesura y equilibrio, utilizando los medios institucionalmente previstos, a fin de respetar la honorabilidad e independencia judicial”.

Dju

 
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