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Usuario :    Decreto 1176/08 versus la Constitución Nacional R . . .
 
 
 

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Los considerandos del Decreto 1176-2008 que fuera publicado hoy 21 de julio de 2008 en el Boletín Oficial, y que limita la Resolución 125 del 10 de marzo del 2008 y otras, tergiversa lo actuado por el Poder Ejecutivo y el Legislativo desde esta última fecha al presente. El Ejecutivo se atribuye además la validez de ejercer funciones que son propias del Legislativo según lo establece la Constitución Nacional, y pretende hacer aparecer como legítimas una continuidad de acciones de agresión, presión y provocación ejercidas por miembros allegados al Gobierno Nacional sobre una parte de los legisladores y de la población, situación que viene repitiéndose desde los comienzos de la gestión de Néstor Kirchner.

Dichos considerandos contradicen preceptos de nuestra Constitución Nacional y evidencian una vez más, que los miembros del Poder Ejecutivo que auspiciaron las políticas que desataron un conflicto de más de cuatro meses, con acciones autoritarias, confrontativas e inconstitucionales, no reconocen ni reconocerán la gravedad de sus acciones ni el perjuicio causado a la Nación Argentina. En el mismo sentido, el hecho de utilizar los considerandos de un decreto para manifestaciones de carácter político partidario, no se condicen con la responsabilidad y ética que deben llevar implícita los actos de gobierno.

Es imprescindible que el Congreso Nacional retome en forma inmediata todas las funciones que la Constitución le asigna, y presten los legisladores especial atención a su Art. 29.

Una reforma tributaria es perentoria, en las distintas áreas de la actividad del país y para los distintos segmentos de contribuyentes, entre ellos es imperioso modificar el impuesto a las ganancias de la cuarta categoría. Estas funciones del Poder Legislativo no solamente tienen por objetivo evitar los abusos fiscales por parte del Ejecutivo, que solamente trata de disimular la ineficiencia de gestión, entre otros con un gasto público excesivo, sino que evitan la concentración de poder y las nefastas consecuencias que ello trae para la Nación y sus habitantes, deteriorando las instituciones y el marco jurídico, con causas sociales y económicas nocivas para la salud de la República a la que exponen a crisis periódicas.

Es absolutamente indispensable que la sociedad siga atenta y participativa, para defender los valores republicanos de la independencia de poderes y para que se respeten sus derechos.

La redistribución del ingreso suena muy bien como enunciación retórica a algunos oídos inocentes o distraídos. Nuestro pensamiento se orienta a que la función de Gobierno debe recrear el marco de seguridad jurídica perdido, para que se consoliden inversiones genuinas de largo plazo, que permitan generar puestos de trabajo por mayor producción y crecimiento de la capacidad instalada en aquellas áreas competitivas de la economía. Esta es la única forma genuina de bajar los niveles de pobreza y no parece que sea ése el camino elegido por el Ejecutivo.

Una genuina política de redistribución de ingresos no puede basarse en la creación de impuestos confiscatorios, ni

 
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