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Usuario :    La Argentina de la burbuja: Balance a siete años de la decla . . .
 
 
 

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ADAPD en nombre de sus socios en particular y de los pequeños ahorristas argentinos en títulos públicos, ahorristas bancarios y acreedores de mutuos se dirige a la opinión pública, para realizar un balance de los hechos sucedidos en relación al default de la deuda pública declarado en  2002 por el Gobierno Argentino, y a los hechos relacionados con la transferencia de patrimonio desde algunos sectores ahorristas hacia sectores deudores, entre los cuales se incluye el propio Estado.

 

Nuestras conclusiones al balance que se realiza es que desgraciadamente tuvimos razón cuando argumentamos que el no atender el pago de la deuda pública, en la forma en que lo hacen los países serios, llevaría al país al aislamiento y al estancamiento económico. Esto último sólo ha sido hasta el presente mitigado circunstancial y parcialmente por los altos precios de los productos agropecuarios que exporta el país, situación totalmente ajena a las políticas del gobierno, y que pareciera estar cambiando en forma desfavorable en función de la crisis internacional.

 

La realidad impone cambios y a mayor demora en efectuarlos, mayores serán los efectos traumáticos sobre la población. Parte de estos cambios pasan por reconocer que las deudas contraídas por el Estado Nacional deben atenderse, y esa atención pasa por una negociación que satisfaga a las partes en conflicto, no por imposiciones unilaterales del deudor que solamente provocarían una crisis generalizada aún mayor.  Aprendamos la lección de una vez por todas, y tomemos ejemplo de los países que crecen con bases sustentables y genuinas, con beneficios para la sociedad en su conjunto. Estos no reniegan de sus compromisos.

 

 

Somos ciudadanos de distintas profesiones, nivel económico e ideas políticas que formamos parte de la denominada clase media del país. Mediante nuestro esfuerzo y la cuota necesaria de buena suerte, pudimos ahorrar parte de nuestros ingresos, y ateniéndonos a las leyes vigentes en nuestro país, depositamos nuestros ahorros en bonos públicos y privados, acciones, fondos de inversión, depósitos bancarios, etc. Algunos de nosotros prestamos dinero a otros ciudadanos en mejores condiciones que las otorgadas por los bancos, sobre la base de un acuerdo voluntario y satisfactorio para ambas partes.

 

La crisis que afectó al país a fines del 2001, producto del déficit prolongado de las finanzas públicas que provocó el endeudamiento progresivo del país, nos puso junto a otros sectores sociales indefensos como las víctimas principales de este proceso.

 

Los desdichados conciudadanos que fueron arrojados a la calle y perdieron sus medios de vida, fueron reconocidos con toda justicia como víctimas de este proceso. En cambio nosotros fuimos vituperados como usureros, especuladores o buitres.

 

Esto no fue casual. Tras esta infame tergiversación de la realidad, se escondía la desgraciadamente lograda intención de despojarnos de nuestro patrimonio en beneficio de todo tipo de deudores. No desconocemos que una parte de los mismos fueron también víctimas de este proceso, pero con intención electoralista y visión maniquea, los deudores fueron calificados como 

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