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Usuario :    La decisión del juez Thomas Griesa refuerza el embargo de lo . . .
 
 
 

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La decisión que adoptó el 8 de enero de 2009 el juez Thomas Griesa, USDJ, al fallar otra vez a favor de los bonistas que no aceptaron el canje de Kirchner-Lavagna del 2005, en Nueva York, por un monto de US$2200 millones, provocó otro duro revés judicial para la Argentina.  La sentencia implica la finalización del proceso judicial en lo que respecta a ocho series de bonos Global y generaría dificultades a cualquier intento de reestructuración de la deuda argentina por fuera de los juzgados.

 

 Se trata esta vez de acciones colectivas, “class action”, encabezadas por un titular por serie de bonos. Según dice cada sentencia, la clase demandante ha sido certificada por orden del juzgado, y se trata de un juicio sumario, habiendo el acusado, en este caso la República Argentina, presentado sus argumentos oportunamente, los cuales fueron debidamente escuchados,  y luego de la debida deliberación, el juez falló en contra del acusado. En cada sentencia se establece el monto adeudado como capital, más el monto de los intereses del 9% anual desde el 31 de diciembre de 2001 hasta la misma fecha del 2008, más los intereses que se acrediten desde allí en adelante. Firmado por el Juez Thomas Griesa, U.S.D.J., el 8 de enero de 2009.

 

De la lectura de las respectivas sentencias no surgen como veraces ninguno de los comentarios que han sido difundidos como provenientes del Gobierno Argentino, en relación a que puedan apelar la sentencia –recordar que se trata de un juicio sumario- o que haya habido errores de procedimientos, lo cual ya de por sí es sumamente difícil de creer.

 

Por lo antedicho, no parece que la República Argentina, esté en condiciones para ofrecer arreglos que sean extrajudiciales, que se entiende no corresponden cuando existe sentencia firme, ni de elaborar otros canjes por otros bonos de inferior calidad que los originales, con quitas de capital e interés, alargamiento de plazos, etc.

 

La República Argentina debe encauzarse en el camino de la credibilidad, que perdió con la aplaudida declaración del default de la deuda pública en 2002, con el confiscatorio y compulsivo canje del 2005 – recordar la Ley Cerrojo-, con los fallos políticos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación – recordar el fallo Galli -, con la continua prolongación de la ley de emergencia económica y los superpoderes, con el manipuleo de índices que implican una quita unilateral de deuda nueva o canjeada, y otras acciones continuas que ahondan la inseguridad jurídica.

 

La clase dirigente argentina, cualquiera sea su bandera política, debe comprender alguna vez la gravedad de las consecuencias que vendrán y que tantas veces hemos explicitado, de continuar incumpliendo los compromisos asumidos, ya sea aquellos con sentencias judiciales en tribunales que fueron aceptados voluntariamente por la República, o aquellos que incumple en forma permanente.  

 

Comisión Directiva de ADAPD

www.adapd.org.ar

 
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