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Usuario :    ADAPD informa sobre avances en acciones judiciales por bonos . . .
 
 
 

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El demandante en la acción iniciada como recurso de amparo tenía ahorros en Letes, que vencieron el 15 de marzo de 2002, y que el Estado no pagó. Antes que se cumpla el plazo de 15 días que establece la ley de amparo para poder reclamar por esa vía, o sea los primeros días de abril del año 2002, se inició el recurso  que se tramitó en el Juzgado Contencioso N° 7, a cargo de la Dra. Cristina Carrión de Lorenzo, quien dictó sentencia de Primera Instancia haciendo lugar al amparo en todas sus partes, y ordenando al Estado Nacional que deposite en la Caja de Valores los importes pertinentes junto con los intereses que correspondan, y con costas al Estado Nacional.

 

El Estado Nacional apela y el expediente va a la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, y por sorteo a la Sala V, que confirma la sentencia de Primera Instancia con costas.

 

El Estado interpone el Recurso Extraordinario ante la Suprema Corte.

 

El expediente entró a la Corte en Abril de 2004, por lo que estuvo casi 5 años para ser resuelto según la sentencia que se incluye en el adjunto que desestima el Recurso Extraordinario, por lo cual queda firme la sentencia de Primera Instancia, confirmada por la Cámara. La Corte desestima el recurso extraordinario interpuesto por el Estado nacional, puesto que considera que el escrito que lo interpone tiene que bastarse a sí mismo para lograr que la Corte modifique las sentencias ya dictadas; el requisito es el de fundamentación autónoma.

 

En este caso en particular, el escrito del Estado nacional menciona solamente el tema del corralito financiero, y no contiene ninguna referencia al reclamo de pago por LETES. En realidad lo que hubo es insuficiencia en el memorial del Estado (así se llama el escrito que debe presentarse al interponerse el Recurso Extraordinario)

 

Para poder cobrar, debe lograrse la ejecución de la sentencia contra el Estado Nacional.

 

En otras acciones el Estado Nacional se defiende de las ejecuciones, argumentando que las mismas están suspendidas por el fallo Galli de la CSJN, y pretende volver a la Corte por la ejecución.

 

Recordemos que en materia Bonos, los miembros actuales de la Corte se expidieron en el fallo "Galli", que rechazó el recurso de amparo como la vía judicial idónea, con argumentos de cada uno de los miembros que fueran analizados exhaustivamente en nuestra presentación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

 

Queda la duda en este fallo particular que hoy mencionamos, con respecto a cómo hubiera fallado la Corte, o si se hubiera expedido, si el escrito que fundamenta el Recurso Extraordinario hubiera estado correctamente planteado en lo formal.

 

Hoy lograr la ejecución de una sentencia de este tipo es arduo, ya que el Estado se defiende incluso con acciones insólitas, como cambiar el dinero depositado en una cuenta del Banco

 
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