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Usuario :    La transgresión tiene sus límites – 9-4-08 . . .
 
 
 

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ADAPD: A continuación se incluye la editorial del diario La Nación, con la cual en términos generales coincidimos; es importante que más allá de mensajes populistas y tendientes a confundir a la opinión pública, la dirigencia argentina entienda que no hay solución posible para lograr un crecimiento sustentable que enmarque un país con oportunidades de desarrollo para la gran mayoría -lo que ahora se ha dado en llamar inclusión social en la verborragia política- que tener un proyecto de país con reglas claras que se cumplan con independencia del tono político de quien ocupe el EJECUTIVO. Las deudas se negocian con criterio y buena fe, dentro de las reglas de su emisión, respetando la continuidad jurídica del Estado, no discriminando acreedores, lo cual ha implicado que se ignore hasta el momento a los pequeños bonistas argentinos que compraron bonos de su estado soberano a tasas equivalentes a plazos fijos en su momento, y cuyos reclamos no están siendo atendidos por la Justicia Argentina, - esta corte suprema emitió el fallo GALLI teñido de color político- ni por el Poder Legislativo -inconstitucional Ley Cerrojo. Tampoco el Gobierno argentino está acatando los fallos de la justicia en cortes extranjeras a la cual se acogió oportunamente. Mientras se siga desconociendo a los bonistas, la conducta de incumplimiento de la Argentina marcará los destinos de pobreza cada vez más angustiantes, donde la salud y la educación hace tiempo han dejado de ser prioridad en lo ejecutivo, solamente lo son en el discurso. www.adapd.org.ar

 

Editorial de La Nación-

El embargo de cuentas bancarias de la embajada argentina en París por bonistas constituye un severo llamado de atención. El embargo de las cuentas bancarias de la embajada argentina en París ha sido una clara señal hacia nuestro gobierno de que la ruptura y el desconocimiento de las reglas tienen un límite.

La medida derivó de una sentencia judicial que acogió favorablemente el reclamo de tenedores de bonos argentinos que no aceptaron la oferta de canje en 2005. En la esencia jurídica del tema no interesa si se trata del reclamo de un fondo "buitre" o de pequeños ahorristas. Se trata de quienes tienen bonos emitidos por el gobierno nacional, cuyos pagos están incumplidos y que no aceptaron en 2005 canjearlos con una pérdida que por su magnitud no guardaba antecedentes en las reestructuraciones de deuda soberana. Desde aquel momento esos bonistas fueron desconocidos por el emisor, al punto que dejaron de estar incorporados a las estadísticas oficiales de la deuda pública argentina.

Las autoridades argentinas han reclamado amparándose en la Convención de Viena, que establece la inembargabilidad de los bienes de las representaciones diplomáticas. Sin duda este fundamento es válido y el embargo probablemente será dejado sin efecto. Pero ya anteriormente, en noviembre de 2008 y luego de que se estatizaran los fondos administrados por las AFJP, el juez neoyorquino Thomas Griesa había dictado un embargo, que sigue vigente, sobre fondos que las administradoras tenían en los Estados Unidos.

Cualquiera sea el resultado de estos intentos de embargo, estos hechos deben tomarse como un severo llamado de atención sobre los extremos a los que se ha llegado por el incumplimiento por parte del Estado argentino de obligaciones nacionales e internacionales. No sólo hay deudas sobre las cuales no se pagan intereses ni capital desde hace más de ocho años, sino también sentencias desfavorables relacionadas con concesiones de servicios públicos que estaban amparadas por convenios internacionales de protección de inversiones. Los bonistas y acreedores del exterior han recibido mejor acogida en tribunales internacionales que la que los residentes argentinos damnificados por el mismo motivo han tenido en la justicia local. Esta ha estado acotada por una legislación ad hoc dictada oportunamente por un Congreso dispuesto a darle un marco jurídico de dudosa constitucionalidad a los excesos gubernamentales que acompañaron el default y la salida de la convertibilidad. Debe reconocerse que ciertas decisiones del poder político desde mayo de 2003, sumado a un Consejo de la Magistratura que amenaza a jueces independientes, condicionaron el espacio de acción de una Justicia temerosa. La tajante condena presidencial a los bonistas que no adhirieron al canje y su posteri

 
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