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Usuario :    El peligro de un juego sin reglas – 22 dic 2009 . . .
 
 
 

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por Sergio Berensztein - para LA NACION

 

La seguridad jurídica se convirtió en un tema de intenso debate en los últimos días. El Gobierno reaccionó con vehemencia ante las declaraciones del subsecretario de Asuntos Hemisféricos del Departamento de Estado, Arturo Valenzuela, respecto de que ejecutivos de empresas de capital norteamericano habían manifestado que el país carecía de un clima de negocios propicio para las inversiones por la falta de seguridad jurídica. Néstor Kirchner fue aún más enfático, al acusar a los Estados Unidos de haber propagado la inseguridad jurídica en la Argentina y en todo el mundo como resultado de la crisis financiera.

 

Aunque la estrategia oficial se haya basado en repudiar el mensajero más que en refutar el mensaje, se trata de todas formas de un concepto demasiado importante para el presente y para el futuro del país como para permitir que el debate se diluya entre alegatos de intransigencia nacionalista y discursos de barricada.

 

La seguridad jurídica es un principio universalmente reconocido del derecho, que apunta a la certeza y previsibilidad de las reglas definidas por el poder público respecto de lo que está permitido, prohibido y regulado o definido como obligatorio. Esto involucra a un individuo en relación con otras personas físicas y jurídicas, así como al individuo frente al Estado. Se trata de las normas que rigen la vida en sociedad, incluso la debida protección de los individuos frente a los potenciales abusos o fracasos del mismo Estado.

 

Más aún, existen garantías de que las personas (sus bienes, sus derechos) no sean violentadas por el Estado, y en caso de que ello ocurriera, existirían instancias que los protegieran y dispusieran la reparación correspondiente. La seguridad jurídica es la certeza que tiene un individuo, una organización de la sociedad civil o una empresa, de que su situación jurídica no será modificada más que por procedimientos regulares y previamente definidos.

 

Un motivo de pobreza

 

La experiencia comparada sugiere que mantener la seguridad jurídica a lo largo del tiempo es la principal razón que explica la riqueza de las naciones. El premio Nobel de economía Douglas North demostró que, para alcanzar el desarrollo, no se necesitan recursos naturales ni una posición geoestratégica beneficiosa, sino, fundamentalmente, un acervo o infraestructura institucional que garantice el respeto de la seguridad jurídica.

 

Distintos países han logrado este objetivo de forma peculiar, pero no hay ningún caso de una nación que haya vencido la pobreza, la desigualdad y la injusticia sin afianzar los derechos fundamentales, generalmente cristalizados en una Constitución y complementados en un conjunto de códigos y/o leyes cuya aplicación debe estar sometida al control de un Poder Judicial autónomo e independiente.

 

Como dijo la propia Cristina Fernández de Kirchner esta semana, en su visita a La Pampa, la existencia de seguridad jurídica, incluidos los derechos de propiedad, beneficia, sobre todo, a los más pobres, pues carecen de los recursos y la influencia necesarios como para defender sus derechos por otros medios.

 

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