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Carta abierta de los genuinos ahorristas afectados por el default a los Poderes de la Nación, al periodismo y a la ciudadanía- 22 marzo 2010

 

Los decretos de necesidad y urgencia  que promulgaron la suspensión de la denominada ley cerrojo, autorizando la emisión de nueva deuda pública y formalizando el contrato con tres bancos extranjeros, ha abierto una discusión en todos los medios del país de la cual nosotros, que somos acreedores genuinos del Estado Argentino no podemos estar ausentes.

 

Cuando decimos nosotros, nos referimos a los pequeños ahorristas argentinos que aceptamos el pedido explícito y público de dos Gobiernos de nuestra Nación, para comprar bonos públicos con nuestros ahorros, bajo las condiciones que fijó libremente el Estado Argentino y sin ningún condicionamiento de nuestra parte.

 

La deuda que se tiene con nosotros es parte de la deuda interna, y que afecta aún más a los bonistas enfermos y ancianos. Éstos fueron protegidos por las excepciones que contiene la propia ley que estableció el default, y cuya aplicación está suspendida por la ley de emergencia nacional. Estos ciudadanos privados de su patrimonio y condenados a vivir en condiciones de escasez o directamente en la pobreza, constituyen reales víctimas de una flagrante violación a los derechos humanos, realizada por un Gobierno que se jacta de ser un defensor de los mismos.

 

Si esta propuesta de canje estuviera dirigida a beneficiar a grandes fondos de inversión que habrían comprado los bonos en default a precio de remate, y obtendrían una ganancia del 200%, mientras nosotros lo hicimos a precios cercanos a su valor nominal, desde ya nos oponemos.

 

La llamada ley cerrojo con la intención de forzar una mayor aceptación al canje del año 2005, estableció que los bonos debían ser retirados del mercado y prohibía toda negociación por ocho años. Nos preguntamos cómo, cuándo y quiénes compraron estos bonos. El gobierno nacional tiene todos los medios y le corresponde informar a la opinión pública, acerca de quiénes son los responsables de violar su propia ley, y tiene el deber de dictar un castigo ejemplar a quienes eventualmente se hayan beneficiado actuando fuera de la ley.

 

Aclaramos que en cuanto al pago de la deuda que no está en default  y  que sea legítima, no tenemos nada que oponer. Destacamos que parte de esa deuda que pagaría el Estado, es la compensación a los bancos por haber cobrado en pesos la deuda en dólares de deudores de los mismos, y al pagarles, es el Estado quien asume ese costo. Los argentinos reclamamos un trato equivalente para nuestras acreencias, que son parte de la deuda en default. De no ser satisfechos nuestros reclamos quedará en claro que  nuestro propio Estado nos discrimina frente a los Bancos.

 

Pagar sus deudas con los bonistas argentinos sólo  implicaría una restauración del estado de derecho y tendría para el Estado un costo mínimo del total de la deuda en default.

 

Comisión Directiva de ADAPD

 
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