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La proximidad de un fallo en Nueva York  16-07-13

Nación- Opinión

Sea cual fuere el resultado por el reclamo de los llamados "fondos buitre", la nueva sentencia pondrá a prueba la disposición argentina a respetar la ley

La semana pasada, la Cámara de Apelaciones de Nueva York notificó al gobierno argentino y a las otras partes intervinientes que desestimaba las apelaciones realizadas contra la orden declaratoria por la que el juez Thomas Griesa dictaminó que debía pagarse el ciento por ciento de lo reclamado por los denominados "fondos buitre" y que debía respetarse la cláusula pari passu . Esta desestimación no incluyó las apelaciones a la medida cautelar librada por el mismo juez, en la que se extendía la responsabilidad de pago al Bank of New York Mellon y a todos los demás agentes intervinientes.

Nuestro Ministerio de Economía emitió un comunicado aclaratorio en el que relativizó la importancia de esa decisión al decir que simplemente se desestimó la primera tanda de apelaciones y que eso sólo tuvo un carácter técnico y administrativo.

Lo cierto es que, hasta aquí, queda firme la decisión del 26 de octubre de 2012 de ese mismo tribunal neoyorquino en la que se reconocía a los demandantes el derecho a reclamar el ciento por ciento de la deuda. Sin embargo, la definición de la forma de pago todavía debe surgir de la sentencia definitiva de esa Cámara de Apelaciones. Hasta ahora, la perspectiva no es promisoria para nuestro país.

Cualquiera que sea el resultado decidido en el ámbito de la justicia de Nueva York, queda luego sólo y eventualmente la instancia de la Corte Suprema de los Estados Unidos, si es que toma el caso, lo cual sólo ocurriría si interpretara que se trata de un caso federal.

Los abogados del gobierno argentino han argumentado que la sentencia del juez Griesa ha afectado la inmunidad soberana extranjera amparada por una ley federal (la Foreign Sovereign Immunities Act). El gobierno de los Estados Unidos puso oportunamente su atención en el tema y esto alienta las expectativas locales. Pero, por otro lado, los bonistas demandantes niegan esa posibilidad y defienden la exclusiva jurisdicción neoyorquina alegando que fue establecida por el gobierno argentino en las condiciones de emisión. Argumentan, además, que no es un caso federal y que un fallo a favor de ellos no crearía un precedente que pudiera afectar otras emisiones actuales y futuras en la sede de Nueva York o en otras.

Prácticamente todas las nuevas emisiones internacionales de bonos incorporan la cláusula que obliga a aceptar una reestructuración a los bonistas si hay una mayoría determinada que lo haga. Por lo tanto, no caerían en el problema de los holdout s y fondos buitre que acuden a los tribunales resistiendo propuestas de reestructuración.

Por otra parte, el daño y la imposibilidad de pago alegados por la Argentina en cuanto a la extensión de la eliminación de la quita a todos los bonistas que ya adhirieron a los canjes de 2005 y 2009 son también refutados. Esa extensión sería aplicable si hubiera habido un ofrecimiento voluntario del gobierno argentino, pero no si resulta de una imposición judicial.

Una señal positiva sería que la Corte Suprema convocara al s olicitor general que representa al gobierno estadounidense ante el órgano supremo. Esto debiera suceder o no antes del otoño nórdico.

El fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York deberá establecer la forma de pago y la extensión o no de responsabilidad a quienes participan en ese proceso. Debe recordarse que el juez Griesa había dictaminado que extendía la responsabilidad del pago a todos los agentes intervinientes, por lo que imposibilitaba al gobierno argentino parcializar los pagos sólo a los que aceptaron el canje sin caer en default técnico.

Estamos ante una importante definición de una cuestión judicial internacional que si el fallo fuera adverso pondrá a prueba al gobierno argentino en cuanto a su disposición para encuadrarse en el respeto por sus compromisos y le planteará el desafío financiero para cumplirlos..

 

 
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