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Usuario :    Con serios cuestionamientos fue aprobado el cambio en el Con . . .
 
 
 
En medio de la polémica fue sancionado el proyecto de reforma del ente que promoviera en diciembre la senadora Cristina Fernández. La modificación contempla una reducción en la integración de ese organismo, que bajará de 20 a 13 miembros y establece que se requerirá una mayoría de dos tercios para la remoción y selección de jueces. Además, determina cambios en la conformación del Jury de Enjuiciamiento. Diputados del ARI, del Socialismo, del PRO, de la UCR y parte del Bloque Peronista Federal que votaron en contra, opinaron del tema.

Cristina K fue la impulsora del polémico proyecto

CAPITAL FEDERAL, Febrero 23 (Por Florencia Garro especial para Agencia NOVA) Finalmente se concretaron los cambios en el Consejo de la Magistratura que en diciembre propusiera la senadora nacional Cristina Fernández de Kirchner. La iniciativa, que se discutió este miércoles por la madrugada en la Cámara de Diputados de la Nación implementa la disminución de 20 a 13 miembros del Consejo, creado en la reforma de la Constitución de 1994, más conocido como el "Pacto de Olivos".

 

La Cámara baja lo convirtió en ley por 148 votos a favor, 89 en contra y dos abstenciones, y salió airoso de los 129 votos que necesitaba como mínimo para ser aprobada.

 

Para lograr los cambios, el kirchnerismo contó con el acompañamiento de un sector del PJ bonaerense, enmarcado en el Bloque Peronista Federal, el adolfismo, transversales y un puñado de radicales que responden a gobernadores alineados con el presidente Néstor Kirchner.

 

En contra se expresaron la UCR, Propuesta Federal, el ARI, el Partido Socialista, los diputados del Partido Nuevo del intendente cordobés Luis Juez y un grupo de justicialistas que responden al ex presidente Carlos Menem.

 

Las modificaciones en el Consejo de la Magistratura contemplan, además de la reducción de 20 a 13 miembros, eliminar el carácter de permanente de los integrantes del Jury de Enjuiciamiento, que ahora se elegirán a través de sorteos semestrales y determinará que los consejeros no puedan acceder a una reelección inmediata, sino que deberán esperar a un intervalo de un período.

 

La nueva conformación del organismo será de seis legisladores -cuatro senadores por la mayoría y dos por la primera minoría-. De esta forma, los representantes del terreno político tendrán dos integrantes menos que hasta ahora correspondían a la segunda minoría.

 

Los jueces tendrán tres representantes, los abogados serán dos, el Poder Ejecutivo participará con un miembro y el presidente de la Corte Suprema dejará de pertenecer al Consejo.

 

El mundo académico deberá ser representado por un profesor regular de cátedra universitaria y el Jury de Enjuiciamiento estará integrado por siete miembros que serán elegidos por medio de un sorteo semestral.

 

Los miembros del Consejo durarán cuatro años en sus cargos y podrán volver a esa función pero tras un intervalo de un período. Sumado a esto, el procedimiento de remoción y selección de magistrados será escogido por dos tercios de votos, es decir que deberá contar con 9 votos favorables.

 

El Consejo mantendrá la autoridad para aplicar sanciones a los jueces, pero para esto deberá contar con una mayoría absoluta de 7 sufragios positivos.

 

En tanto, el organismo podrá remover a los representantes de los jueces, de los abogados, y del mundo científico por el voto de las tres cuarta parte de sus integrantes, en el caso de que tuvieran un mal desempeño de sus funciones.

 

Los legisladores en su totalidad y el delegado que represente al Poder Ejecutivo podrán ser removidos por el Congreso o el presidente de la Nación, respectivamente, previo a la decisión tomada por las tres cuartas partes de sus miembros.

 

El presidente del Consejo será designado por la mayoría absoluta de sus integrantes, durará un año en sus funciones y podrá ser reelegido, pero con un intervalo de un período de por medio. En la actualidad quien desempeñaba esa función era titular de la Corte, quien a partir de las modificaciones en cuestión, no participará más del organismo.

 

Quienes aspiran a ser jueces, serán seleccionados por medio de concurso público. El procedimiento no podrá excederse mas de 90 días hábiles desde la prueba de oposición. Ese plazo podrá extenderse por 30 días mas con resolución fundada de la entidad.

 

El Consejo conservará la potestad de aplicar sanciones disciplinarias que serán apeladas ante la Corte Suprema de Justicia.

 

La nueva integración del Consejo de la Magistratura regirá a partir de las designaciones que se realizarán a partir del 16 de noviembre de 2006 y del Jury de Enjuiciamiento desde el 1 de marzo de 2007.

 

La diputada nacional por el Frente para la Victoria Elda Agüero, le contó a Agencia NOVA que la necesidad de reformar el Consejo de la Magistratura ya había sido planteada por legisladores, organizaciones no gubernamentales y por el propio Poder Ejecutivo en mayo de 2004. "Ahora vemos cómo algunos dirigentes políticos opositores y formadores de opinión cayeron en expresiones apocalípticas, atribuyendo al Gobierno nacional actos de fascismo y de avasallamiento al Poder Judicial", se defendió.

 

De la misma forma indicó que tanto el Consejo de la Magistratura como el Jurado de Enjuiciamiento fueron creados por la reforma constitucional de 1994, "en donde se redujo el papel de los órganos de representación popular en los procesos de selección y remoción de los jueces nacionales de instancias inferiores", acotó la legisladora.

 

Además agregó: "No es serio que algunos dirigentes opositores acusen al Gobierno de querer construir esquemas de impunidad para los jueces adictos, nada más lejos de esto".

 

Por otra parte, el diputado nacional del ARI Carlos Raimundi, dialogó con Agencia NOVA y se mostró ofuscado por la determinación tomada con el aval del oficialismo y planteó que el Gobierno cree que hay que ganar las elecciones para poder cambiar algo. "De esta forma lo que hacen es someter una vez más la política a la Justicia", disparó.

 

A su vez, el legislador que responde a Elisa Carrió, al ser consultado respecto a las declaraciones del jefe de Gabinete Alberto Fernández -que remarcó la necesidad de la modificación del Consejo por tener relación directa con el Pacto de Olivos-, consideró que era una explicación "primitiva". Y completó el concepto diciendo que "bajo la excusa de la reforma, hay un afán por controlar la Justicia y eso se debe a que hay intereses económicos de por medio".

 

La postura del legislador nacional por el Frente Progresista Cívico y Social santafecino Hermes Binner fue básicamente coincidente con la presentada por Raimundi, sugiriendo que con esta medida se achica la cantidad de miembros del organismo, pero se le da prioridad al Poder Ejecutivo.

 

Quien habló durante la sesión de la Cámara baja en nombre del socialismo fue la diputada Laura Sesma. En diálogo exclusivo con Agencia NOVA, la legisladora mencionó que se debían formular cambios en el Consejo de la Magistratura para mejorarlo, "pero no puede ser que el Ejecutivo tenga toda la injerencia, es inconstitucional", resumió.

 

Por otra parte, "la metodología que utilizó el Gobierno nacional para que salieran los cambios, fue la de presionar a municipios y gobiernos provinciales por la caja para obras. Además de terminar pactando con quienes fueran separados durante las últimas elecciones, tal como José María Díaz Bancalari", exclamó.

 

Respondiendo en nombre del oficialismo la diputada del FPV Marcela Bianchi, advirtió sobre la necesidad de bajar el número de miembros y de agilizar las tareas que desempeña el organismo porque "hay mucha burocracia", señaló. Y explicó que no tendrán mayoría en ninguna comisión y que no elegirán los jueces a dedo, "como presupone la oposición", acotó.

 

El ex diputado y ex miembro del Consejo, el abogado Jorge Casanovas no quiso emitir opinión ante la consulta de la agencia sobre los cambios en el organismo. Vale recordar que el jurista también se desempeñó como ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires entre 1999 y 2001. "Como no estoy muy informado sobre los cambios que se produjeron y estoy dedicado a mi profesión, preferiría no ser un opinólogo", indicó.

 

Las agrupaciones de abogados del país ya se preparan para frenar en la Justicia la nueva ley. La Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) estudia presentar una acción declarativa de inconstitucionalidad, al igual que el abogado Ricardo Monner Sans quien presentó una acción de amparo alegando que la norma agrede la concepción ideológica de la Carta Magna y debilita la independencia del Poder Judicial.

 

La polémica está instalada en la opinión pública, y ahora están llegando las repercusiones de los cambios a la Justicia, que finalmente será la que decida la viabilidad de las modificaciones y su aplicación a fines del año en curso. (Agencia NOVA)

 
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