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Acción de amparo contra la ley que reglamenta los Decretos de Necesidad y Urgencia - 19-9-06

La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) presentó ante la justicia en lo Contencioso Administrativa Federal una acción de amparo para que se declare la inconstitucionalidad de la ley que reglamenta los Decretos de Necesidad y Urgencia. La ADC sostiene que dicha ley viola el principio de legalidad, la división de poderes y establece un sistema de sanción tácita de leyes.

 El 7 de septiembre pasado el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11 se declaró competente para entender en la causa.

 Antecedentes de la causa

El día 20.7.2006, el Congreso de la Nación sancionó la Ley 26.122 cuyo objeto es regular la intervención del Congreso respecto de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) que dicta el Poder Ejecutivo. En este sentido, según dicha ley, la Comisión Bicameral Permanente debe expedirse dentro de los diez días hábiles tras la presentación efectuada por el Jefe de Gabinete, acerca de la validez o invalidez del decreto y elevar su dictamen al plenario de cada Cámara para su tratamiento. El rechazo o aprobación de los decretos por ambas Cámaras del Congreso deberá ser conforme lo establecido en el art. 82 de la Constitución Nacional, según el cual la voluntad de cada Cámara del Congreso debe manifestarse en forma expresa.

 Argumentos de la Acción de Amparo

El planteo de la ADC se centra en que el mecanismo de aprobación de los decretos es contrario al principio de legalidad (principio que exige que los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución sólo pueden ser reglamentados a través de una ley dictada por el órgano legislativo), en tanto no establece el plazo dentro del cual el Congreso de la Nación debe rechazar o aprobar los Decretos de Necesidad y Urgencia.

 Estos decretos tienen vigencia hasta que no sean expresamente derogados por el Poder Legislativo; la omisión del Congreso de pronunciarse acerca de su rechazo o aprobación, tiene como consecuencia la aprobación ficta de los citados decretos. Este procedimiento, según el cual la voluntad de cada Cámara del Congreso no se manifiesta en forma expresa, está claramente prohibido por el artículo 82 de la Constitución Nacional.

 Es decir, que la ley 26.122 convertiría en una excepción el principio general que prohíbe al Poder Ejecutivo, bajo “pena de nulidad absoluta”, “emitir disposiciones de carácter legislativo” (art.99, inc.3, CN), ya que autorizaría a dicho órgano a emitir disposiciones legislativas hasta tanto el Congreso decida (en un plazo completamente indeterminado) ratificar o no tal disposición.

 

Dado por ello que la ley viola el principio de legalidad, la división de poderes y establece un sistema de sanción ficta de leyes, la ADC sostiene que debe ser declarada inconstitucional.

 

 
 
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