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Usuario :    Los jueces enfrentan al ministro de Justicia -10/06/2008 . . .
 
 
 

La Nación - Argentina

Dicen que una resolución suya dificulta investigar al poder

 

Una resolución del Gobierno puso en estado de alerta a los jueces, que advierten que será cada vez más difícil investigar al poder.

Se trata de una directiva del ministro de Justicia, Aníbal Fernández, que ordenó a las fuerzas policiales y de seguridad, que dependen de él, que antes de responder y cumplir cualquier pedido del Poder Judicial se lo hagan saber.

Esto implica que toda orden de allanamiento, de secuestro de documentación o de traslado de un detenido deberá será notificada a Aníbal Fernández antes de ser ejecutada. Según los considerandos de la resolución, firmada el 29 de abril pasado, la medida apunta a centralizar la relación del ministerio con los juzgados y tendrá como resultado un cumplimiento más rápido y efectivo de las decisiones judiciales.

Los jueces no coinciden. "Esta es una manera de controlar que no se pueda investigar al poder político", dijo el camarista Ricardo Recondo, presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, la más representativa de las agrupaciones de jueces.

"Una de las garantías de la eficacia de la instrucción judicial es la sorpresa. Si le avisan al acusado que van a ir a allanar su casa, va a sacar toda la documentación importante que haya", advirtió Recondo.

No es la primera vez que la Asociación de Magistrados denuncia la intromisión del Gobierno en el Poder Judicial. Hace casi dos meses, en una entrevista con LA NACION, Recondo había afirmado que los jueces eran presionados, que se pretendía sojuzgarlos y que no estaban dadas las garantías para procesar a funcionarios en actividad.

Ahora, la Asociación de Magistrados analiza qué medidas tomar ante esta nueva resolución. Por lo pronto, convocó para hoy a las 16 a todos los jueces y fiscales penales para discutir el tema. "Después, tomaremos una decisión", explicó Recondo.

Del Ministerio de Justicia dependen la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal. Los jueces necesitan a estas fuerzas para ordenar medidas tales como allanamientos, secuestros de documentación, traslados de detenidos y peritajes.

La resolución

El cambio que introduce la resolución de Aníbal Fernández es el siguiente: hasta ahora, las fuerzas de seguridad, como auxiliares de la Justicia, recibían órdenes en forma directa de los jueces y debían cumplirlas; de aquí en adelante, el ministerio toma a su cargo la notificación de las instrucciones judiciales y el control sobre su cumplimiento.

Como Fernández no puede obligar a los magistrados a dirigirse a él en lugar de hacerlo en forma directa con las fuerzas de seguridad, instruye a éstas para que, antes de actuar, le transmitan los requerimientos judiciales. "La centralización -dice la resolución- de ninguna manera puede significar afectar la responsabilidad de cada una de las fuerzas, las que continuarán cumpliendo con sus respectivas competencias, con la sola modificación que deberán hacerlo a través del ministerio."

La norma tiene sólo tres artículos. El primero establece que "los oficios o requerimientos de cualquier índole provenientes de magistrados judiciales y dirigidos a las fuerzas de seguridad deberán ser elevados a conocimiento del suscripto [el ministro] previo a ser respondidos". El segundo extiende la medida al Servicio Penitenciario Federal. El tercero es de forma.

En la justicia federal advirtieron que, aun antes de esta resolución, muchos magistrados ya no confiaban en que las fuerzas de seguridad respetaran el secreto y cumplieran con las órdenes sin informar al Gobierno. "Por eso muchas veces sólo a mitad de camino se le informa a la policía el verdadero destino donde se va a hacer un allanamiento", relató un fiscal. Un juez lo confirmó.

Con la nueva resolución, advierten los magistrados, las fuerzas de seguridad quedarán en una situación difícil, pues podrían verse obligadas a violar el secreto de sumario.

No sólo los jueces cuestionaron la medida. Tal como informó LA NACION, el constitucionalista Daniel Sabsay dijo que "puede servir para proteger a amigos, funcionarios y allegados"; el jurista Gregorio Badeni, que "si hay secreto de sumario y la fuerza da la información al ministro, estaría incurriendo en el delito de desacato a la Justicia", y el abogado Ricardo Monner Sans, que "contribuye a la degradación institucional".

 

Por Paz Rodríguez Niell

De la Redacción de LA NACION

 

 Ricardo Recondo

Asociación de Magistrados

"Esta es una manera de controlar que los jueces no puedan desarrollar su función de investigar al poder político"

 

Aníbal Fernández

Ministro de Justicia

"La centralización de la información redundará en beneficio de la celeridad y del efectivo cumplimiento de las decisiones de los distintos tribunales"

 

(Ministerio del Interior - Corte Suprema de Justicia - Política - Panorama Político)

 

 

  

 
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