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Usuario :    ADAPD - PREVISIONAL - INFORME 9 - Movilidad Jubilatoria -Fal . . .
 
 
 
ADAPD - PREVISIONAL INFORME 9 – 2 mayo 2018
MOVILIDAD JUBILATORIA LEY 27246/2017 - Fallo de Jueza Cammarata

La titular del Juzgado Federal de la Seguridad Social N° 8, Adriana Cammarata, rechazó el 13/3/18, un amparo introducido por un jubilado - causa “Fernández Pastor, Miguel Ángel c/ANSES s/amparos y Sumarísimos - que cuestionó la constitucionalidad de la ley 27.426 y del Decreto 1058/17, llamada “Reforma Previsional”, que reemplaza la fórmula de cálculo de movilidad jubilatoria de la Ley 26417, entre otros.

A nuestro entender, y con independencia de resultados numéricos que ya hemos cuantificado en nuestros Informes 7 y 8 - www.adapd.org.ar - el fallo ignora dos hechos matemáticos fundamentales que perjudican la movilidad del haber jubilatorio:

a- Perjuicio por quita inicial: la aplicación de la fórmula de la Ley 27246/2017 quita tres (3) meses de movilidad al considerar en marzo de 2018, la variación de junio a septiembre de 2017 -3 meses-, mientras que la fórmula de la Ley 26417 establece en marzo de 2018 la variación de 6 meses del 2017 desde junio a diciembre. Esa quita no se compensa con las variaciones trimestrales posteriores y disminuye la base de cálculo sobre la cual se calculan los incrementos futuros, por lo tanto, implica una disminución del haber jubilatorio.
b- El uso de un solo índice de ajuste salarial como es el RIPTE, constituye de por sí una desmejora con respecto a la fórmula anterior la cual, en relación con la consideración de variaciones salariales, toma el mayor de dos índices: el RIPTE o el CVS del INDEC.

No obstante lo expresado incluimos las menciones relevantes del fallo en ANEXO A y el texto completo en ANEXO B, para quienes quiera leerlo y evaluarlo. A nuestro criterio, el fallo se interna en vericuetos que tienden a desviar la atención de los dos hechos fundamentales e irrefutables expuestos precedentemente, y elude el hecho que la nueva fórmula y sus condiciones de aplicación tienden a disminuir la movilidad del haber jubilatorio.

Toda norma que tienda a deteriorar los principios constitucionales es inconstitucional. El Estado "tiene la obligación" de asegurar la autonomía económica y financiera del sistema previsional, además de contribuir a su financiación. Por unanimidad, los constituyentes acordaron que las jubilaciones y pensiones debían ser móviles y su justa determinación sobre el monto debía ser la que permitiera a sus beneficiarios mantener un nivel de vida igual al que hubieran tenido de continuar trabajando, es decir, el principio de sustitutividad, el cual está muy lejos de cumplirse para quienes aportaron toda su vida laboral en el marco legal que le fuera impuesto.

ANGÉLICA F. BERGONZI
Pte ADAPD
ANEXO A - MENCIONES RELEVANTES DEL FALLO
En su fallo, la jueza afirma: “No puede enfáticamente concluirse que la modificación operada por la Ley 27.426 arroje resultados confiscatorios”, y rechaza la acción entablada en la causa Fernández Pastor, Miguel Ángel, en la que se denunció que la nueva fórmula de movilidad, que contiene dos términos, uno es el 70% de la variación del índice de precios al consumidor determinado por el INDEC y el segundo 30% es la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), “es más perjudicial para los beneficiarios” que la anterior. El jubilado argumentó que, con la fórmula anterior, el incremento de marzo rondaría el 14,6%, mientras que la nueva fórmula “significa un incremento de sólo el 5,7%, por lo que los beneficiarios del sistema de seguridad social perderán en marzo del presente el 8,9 %”. Además, cuestionó que la norma se aplique retroactivamente, dado que en la movilidad prevista en la anterior ley se devengaba en el semestre julio/diciembre mientras que la nueva no.
Al rechazar el amparo, la jueza reconoció que la actual fórmula “arroja un resultado bastante inferior al que hubiere arrojado la aplicación de la fórmula contemplada en la Ley 26.417, pero que “dicha comparación soslaya un elemento fundamental, que es que la nueva norma otorga incrementos trimestrales en lugar de los aumentos semestrales que otorgaba la Ley 26.417”. En su resolución, la magistrada también ponderó que aun cuando se admitiera –aún por vía de hipótesis ya que los guarismos oficiales sobre los aumentos de junio no se anunciaron- que la sumatoria del incremento de marzo (5,71%) con el de junio (que según el actor “podría alcanzar el 5,66%”), ambos llegarían al 11,69%, por lo que la diferencia con la anterior movilidad “no sería de tal magnitud que permita, en la actualidad, a escasos meses de la entrada en vigencia de la ley y a muy pocos días de su aplicación, declararla confiscatoria, no sustitutiva y por ende inconstitucional”. “Actualmente no puede enfáticamente concluirse que la modificación operada por la Ley 27.426 arroje resultados confiscatorios; que los incrementos a otorgar según su fórmula no respeten el carácter sustitutivo mencionado y que no observen la garantía de movilidad contemplada en el art. 14 bis de la Constitución Nacional y afecten el principio de progresividad receptado en los Tratados Internacionales con jerarquía constitucional”
La jueza Cammarata, finalmente, rechazó que se haya aplicado la norma retroactivamente, al asegurar que la nueva normativa entró en vigencia con anterioridad al devengamiento de la movilidad otorgada por la Ley 26.417, “fecha ésta en la cual tal derecho hubiese ingresado definitivamente a su patrimonio”, por lo que “no existe en el caso violación alguna del derecho de propiedad del actor susceptible de invalidar la norma retroactiva”.

ANEXO B - Poder Judicial de la Nación JUZGADO FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 8
FERNANDEZ PASTOR MIGUEL ANGEL c/ANSES s/AMPAROS Y SUMARISIMOS -138932/2017
Sentencia Definitiva - Buenos Aires, 13 de marzo de 2018.
Y VISTOS: I. Las presentes actuaciones por las que el accionante, por su propio derecho, deduce acción de amparo contra la Administración Nacional de la Seguridad Social a fin de que se declare la inconstitucionalidad de la ley 27.426 y del Dec. 1058/17 cuya vigencia viola palmariamente los arts. 14 bis, 16, 17, 28, 31 y 75 de la Constitución Nacional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (ley 26.061), de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, los derechos consagrados en el art. 17 de la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (ley 27.360) como así también por los derechos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y leyes concordantes, complementarias y correctoras.
Asimismo solicita como medida cautelar, la suspensión de las normas impugnadas, en tanto que su aplicación le genera graves e irreparables daños, encontrándose reunidos los extremos que habilitan su procedencia. Luego de alegar acerca del modo en que obtuvo su beneficio previsional, relata también el modo en el que se sancionó la ley y se dictó el decreto cuestionados y señala que la nueva fórmula de movilidad se basará en un 70% por el índice de precios al consumidor determinado por el INDEC y el 30% restante por el coeficiente que surja de la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables RIPTE, fórmula ésta que es más perjudicial para los beneficiarios que la norma anterior, entre los que se encuentra el demandante.
Cuestiona los índices a los que alude la nueva ley y los compara con la fórmula original de la ley 26.417, explicitando que con esta última, el incremento de marzo rondaría el 14,6%, mientras que la nueva fórmula significará un incremento de sólo el 5,7%, por lo que los beneficiarios del sistema de seguridad social perderán en marzo del presente el 8,9%.
Indica que del texto del art. 2 de la ley 27.426 surge que la nueva ley deroga en forma retroactiva la ley 26.417 ya que la movilidad allí prevista se devengaba en el semestre julio/diciembre y en la nueva ley se prevé que en marzo de 2018 no se aplique la ley anterior y sí el nuevo índice a pesar de que a su sanción ya se había devengado la movilidad anterior casi en su totalidad.
Alega acerca de los derechos fundamentales conculcados y su respaldo normativo. Resalta que las normas impugnadas alteran gravemente el poder adquisitivo de su prestación jubilatoria, aplica retroactivamente la nueva fórmula de cálculo de reajuste, produce un retroceso de derechos y garantías que viola los pactos internacionales citados y aplica en forma discriminatoria el Dec. 1058/17. Alega acerca de la naturaleza del derecho de la seguridad social y su cualidad de derecho humano que el Estado debe respetar y hacer respetar; sobre la solidaridad social como principio rector de la seguridad social; sobre la regresividad y progresividad de los derechos sociales; sobre el principio de legalidad; el principio de razonabilidad; el principio de igualdad; la irretroactividad de las leyes y los derechos adquiridos. Alega también sobre la procedencia de la acción de amparo.
Funda en derecho. Formula reserva del caso federal. Ofrece prueba.
Solicita se haga lugar a la acción.
II. A fs. 128/155 vta. se presentó la Administración Nacional de la Seguridad Social y presentó el informe encomendado. Niega los hechos y afirmaciones que da cuenta en su libelo. Opone la defensa de falta de legitimación activa. Alega acerca de la inexistencia de un caso judicial en tanto que la condición de jubilado que esgrime el accionante para deducir la acción no es apta para autorizar su legitimación procesal, por dicho carácter, de una generalidad tal que no permite tener por configurado el interés concreto, inmediato y sustancial que lleve a considerar la presente como causa, caso o controversia, resultando improcedente la actuación del Poder Judicial ante meros planteos hipotéticos, abstractos o especulativos.
Alega acerca de la inexistencia de derechos de incidencia colectiva ya que se trata de derechos de carácter patrimonial, puramente individuales, divisibles y diferenciados (no homogéneos).
Sostiene que la vía intentada es improcedente en tanto que se advierte la necesidad de un debate y prueba que excede la acción de amparo; que no se configura el requisito de arbitrariedad e ilegalidad manifiesta y la ausencia de lesión o amenaza de derechos constitucionales.
Refiere que la reforma operada a través de la ley 27.426 constituye una norma superadora que mejora nuestro sistema de seguridad social porque amplía los derechos de los ciudadanos alcanzados al estar compuesta en un 70% por la evolución de la inflación y en 30% por la de salarios, permitiendo mantener el poder adquisitivo de las prestaciones, respetando la garantía del art. 14 bis de acuerdo a la jurisprudencia de la C.S.J.N., siendo sencilla y transparente y de aplicación trimestral.
Señala que dicha fórmula mejora la anterior ya que aquélla estaba compuesta en un 50% por la recaudación tributaria (componente que carece de aval jurisprudencial), siendo inestable, y sin asegurar mantener el poder adquisitivo de las prestaciones, transfiriendo el riesgo de la inflación al jubilado.
Alega acerca de la constitucionalidad tanto de la ley 27.426 como del Dec. 1058/17.
Niega la existencia de derechos adquiridos, citando jurisprudencia en apoyo de su pretensión.
Defiende la razonabilidad del nuevo mecanismo de movilidad y niega que la fórmula sea confiscatoria, ya que utiliza los mismos parámetros utilizados por la C.S.J.N. en el precedente “Badaro” para determinar la afectación al estándar de vida: inflación y salarios, respetando la índole sustitutiva.
Arguye que es falsa la hipótesis de vulneración del principio de progresividad, en tanto que la legislación actual es superadora a todas luces que aquella que abroga, constituyendo junto con la Ley de Reparación Histórica, la normativa más progresiva de las últimas décadas en materia de previsión social, no existiendo disminución de derechos, respetando la movilidad.
Advierte que la comparación que efectúa el demandante detenta un escollo legal (ya que no hay derecho adquirido a aquélla), un escollo temporal, ya que sus efectos deben apreciarse en el mediano y largo plazo en tanto que no puede conocerse el quantum de la movilidad en los próximos meses y mucho menos el de los próximos años.
Señala que la ley 27.426 amplía derechos, entre ellos (que enumera) la frecuencia al aplicarse trimestralmente e imponiendo la actualización de las remuneraciones para determinar el haber inicial a través del RIPTE, índice salarial.
Señala que la presente es una cuestión política no justiciable por resultar una facultad privativa de uno de los Poderes del Estado. Ofrece la prueba que hace a su derecho. Formula reserva del caso federal. Solicita el rechazo de la acción.
Y CONSIDERANDO:
De manera liminar y frente a las manifestaciones y defensas que opone la accionada en cuanto al punto, cabe aclarar que la presente acción especial de amparo ha sido deducida por el actor mediante letrado apoderado, por su derecho, solicitando la declaración de inconstitucionalidad de la ley 27.426 y del Dec. 1058/17 alegando que tales normas resultan lesivas a los derechos constitucionales que invoca (ver especialmente fs. 56 en donde en el accionante afirma que la ley impugnada “altera gravemente el poder adquisitivo de la prestación jubilatoria de mi mandante” y “produce un retroceso de derechos y garantías de mi mandante que viola los pactos internacionales de derechos económicos sociales y culturales ratificados por nuestro país”), por lo que ningún pronunciamiento corresponde formular en relación al punto, al estar el derecho del actor claramente enunciado en su propia demanda.
No obsta a lo expuesto las expresiones formuladas por el accionante a fs. 66 en tanto que ellas se limitan a citar jurisprudencia relativa, resultando tales citas insuficientes para justificar su eventual legitimación para representar un colectivo, máxime cuando el accionante no dio cumplimiento con lo dispuesto en la Cláusula II del Reglamento de Actuación en Procesos Colectivos aprobado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante Acordada nº 12/16.
Por idénticas consideraciones, no corresponde emitir pronunciamiento en orden a la alegada falta de legitimación activa del actor para ejercer tal representación. Aún en la mejor de las hipótesis, ello es que se interprete que el actor reivindica la representación de un hipotético colectivo en los términos del precedente jurisprudencial “Halabi” citado a fs. 66 (intereses individuales homogéneos) atendiendo a la expresión final de dicho acápite en cuanto requiere “se haga lugar a la presente acción preventiva con miras a la protección del presentante y de todo el sistema integrado de la seguridad social de manera urgente e inaudita parte” (ver nuevamente fs. 66), en el caso no se advierte la existencia de la referida homogeneidad en tanto que la situación de los beneficiarios del subsidio otorgado por el Dec. 1058/17 no es idéntica a la de aquéllos no comprendidos en aquél, resultando también posible que las sumas que pudieran percibir los beneficiarios mencionados en el art. 1 de la norma citada en el mes de marzo por ese concepto, más la correspondiente a la movilidad determinada por la Res. S.S.N. nº 2E/2018, puedan resultar similares al porcentual de movilidad que el actor denuncia en la demanda (ver fs. 40 vta.) como el que hubiese sido otorgado de mantenerse la vigencia de la ley 26.417, circunstancia que evidencia el desinterés actual de dicho grupo de personas en obtener la declaración pretendida en autos. II.
En cuanto a la cuestiones sí planteadas en la demanda, cabe señalar que ésta, en cuanto objeta la norma contemplada en el art. 3 de la ley 27.426 (ver fs. 41 vta.), no podrá tener favorable acogida. Que a dicha conclusión corresponde arribar en tanto que la norma citada regula el modo de actualizar las remuneraciones a los fines previstos en los arts. 24 inc. a) y 97 de la ley 24.241 a partir de su entrada en vigencia, norma ésta que no fue aplicada al actor quien según sus propios dichos vertidos en la demanda y conforme acredita con el comprobante de pago agregado a estos autos a fs. 5, obtuvo su beneficio previsional con anterioridad a la sanción y entrada en vigencia de la ley 27.426, por lo al no resultarle aplicable la norma que cuestiona ya que su haber previsional se calculó conforme a las normas vigentes con anterioridad a aquélla, no detenta legitimación alguna para cuestionarla, deviniendo abstracto en estos autos cualquier pronunciamiento en su relación.
III. Que en cuanto a la acción especial deducida por la que que cuestiona la constitucionalidad de lo dispuesto en el art. 1 de la ley 27.426, atendiendo a las defensas de carácter formal que deduce la demandada, cabe señalar que el art. 43 de la Constitución Nacional dispone que “toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un Tratado o una ley. Más allá del análisis de los restantes presupuestos de la normativa constitucional, reitero, ante la defensa opuesta por la accionada a la procedencia de la acción, corresponde analizar con carácter previo la cualidad exigida en la norma en lo relativo a la arbitrariedad y/o ilegalidad, que el art. 43 de la C.N. impone que sean manifiestas.
Teniendo presente que por “ilegal” debe entenderse todos aquello que se opone a la ley (en sentido material) y que por “arbitrario” aquello que responde a un criterio de irrazonabilidad, inmotivación o injusticia (entre otros calificativos que puedan denotar su configuración), ninguna duda cabe que lo que exige la Constitución Nacional para la procedencia de la acción expedita y rápida de amparo, es que ambas cualidades (ilegalidad o arbitrariedad), resulten manifiestas. Sobre el particular la doctrina especializada ha indicado que debe de tratarse de algo “descubierto, patente, claro”, exigiéndose que los vicios citados sean inequívocos, incontestables, ciertos, ostensibles, palmarios, notorios, indudables; que la turbación al derecho constitucional deba ser grosera, quedando fuera del amparo pues, las cuestiones opinables (Conf. Sagüés, Néstor Pedro. “Derecho Procesal Constitucional. Acción de Amparo”. 4ª Edición ampliada. Tº 3, págs. 122/123 y sus citas. Ed. Astrea. Bs. As. 1995).
Tal exigencia, que ya se encontraba establecida en el art. 1 de la ley 16.986, guarda estrecha relación con uno de los reparos a la admisibilidad de la acción que prevé el art. 2, cuyo inc. d) autoriza al rechazo (incluso “in limine”) cuando la determinación de la eventual invalidez del acto requiriese una mayor amplitud de debate o de prueba, objeción ésta que ha sido reiteradamente advertida por el Alto Tribunal cuando se trata de cuestiones opinables que requieren debate y prueba o cuando la naturaleza del asunto exija aportar al pleito mayores elementos de convicción que los ya arrimados a los autos.
También la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha considerado que el acto impugnado debe ser palmariamente ilegítimo, y que tal circunstancia debe emerger sin necesidad de debate detenido o extenso; de ahí que si el caso planteado versa sobre cuestiones fácticas o jurídicas opinables, o reclama –por su índole- un más amplio examen de los puntos controvertidos, corresponde que éstos sean juzgados con sujeción a las formas legales establecidas al efecto. En síntesis, el acto lesivo debe surgir en forma clara e inequívoca, sin necesidad de un largo y profundo estudio de los hechos ni de amplio debate o prueba (conf. aut. y ob. cit. págs. 249/250 y sgtes y sus citas).
IV. En dicho marco cabe señalar que las principales objeciones que plantea la parte actora respecto de lo dispuesto en el art. 1 de la ley 27.426, se dirigen a que el resultado de la aplicación de la fórmula allí instituida para el mes de marzo de este año 2018, arroja un valor inferior al que hubiese resultado de aplicarse la fórmula contemplada en la ley 24.017 y que dicha ley es aplicada retroactivamente violando sus derechos adquiridos.
V. Respecto del primero de los embates, cabe señalar que si bien el actor acierta en cuanto afirma que el resultado de la actual fórmula (art. 1 de la ley 27.426) a aplicar en el incremento del mes de marzo de 2018 arroja un resultado bastante inferior al que hubiere arrojado la aplicación de la fórmula contemplada en la ley 26.417, dicha comparación soslaya un elemento fundamental, que es que la nueva norma otorga incrementos trimestrales en lugar de los aumentos semestrales que otorgaba la ley 26.417, norma ésta que contemplaba las variaciones de los índices allí contemplados también en períodos semestrales, cuando la nueva ley contempla las variaciones de los índices contemplados por ésta en períodos trimestrales. Por ende, la comparación que evidencia la demanda entre cuál hubiese sido el aumento en el mes de marzo de 2018 de no haberse modificado la ley 26.417, con el que finalmente resultó para este mes de marzo de 2018 con la modificación operada por la ley 27.426 no resulta ser un parámetro objetivo para justificar la descalificación constitucional de la nueva ley en tanto que el análisis resulta ser parcial.
Por lo demás, y aun cuando se admitiera –por vía de hipótesis ya que los guarismos oficiales correspondientes al incremento del mes de junio de 2018 no han sido aún anunciados- que la sumatoria del incremento ya otorgado para este mes de marzo de 2018 que alcanza al 5,71% (conf. Res. S.S.N. nº 2-E/2018), con el que corresponda para el mes de junio del corriente (que según el actor informa en una presentación más actual, posterior a la demanda, podría alcanzar el 5,66%), y que se debe aplicar acumulativamente al ya otorgado para el mes de marzo alcanzando ambos así aplicados el 11,69%, arrojara sumas inferiores al que presumiblemente hubiese correspondido otorgar en este mes de marzo de 2018 de continuar vigente la ley 26.417, la diferencia no sería de tal magnitud que permita, en la actualidad, a escasos meses de la entrada en vigencia de la ley y a muy pocos días de su aplicación, declararla confiscatoria, no sustitutiva y por ende inconstitucional.
Que ello es así en tanto que la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, en muy reputados precedentes jurisprudenciales, ha determinado la hermenéutica que corresponde aplicar en materia de movilidad de las prestaciones, sentando el principio interpretativo de su naturaleza sustitutiva (Conf. “Sánchez, María del Carmen c/ANSeS s/reajustes varios”, sent. del 17-05-05, Fallos: 328:1602), indicando que la movilidad de las prestaciones previsionales es una previsión con profundo contenido social referente a la índole sustitutiva de la prestación jubilatoria, para la cual es menester que su cuantía, que puede ser establecida de modo diferente según las épocas, mantenga una proporción razonable con los ingresos de los trabajadores (Conf. “Badaro, Adolfo Valentín c/ANSeS s/reajustes varios” sent. del 08-08-06), y que la finalidad de la garantía constitucional de movilidad es acompañar a las prestaciones en el transcurso del tiempo para reforzarlas a medida que decaiga su valor (Conf. causa “Badaro” ya citada). Asimismo en dichos precedentes el Alto Tribunal ha señalado que la Constitución Nacional exige que las jubilaciones y pensiones sean móviles, aunque no establece un sistema o mecanismo especial para hacer efectiva dicha exigencia, por lo que es atribución y deber del legislador fijar el contenido concreto de esa garantía teniendo en cuenta la protección especial que ha otorgado la Ley Fundamental al conjunto de los derechos sociales (Conf. “Sánchez, María del Carmen” ya citada); que el precepto constitucional de la movilidad se dirige primordialmente al legislador, que es el que tiene la facultad de establecer los criterios que estime adecuados a la realidad, mediante una reglamentación que presenta indudable limitación, ya que no puede alterarla (art. 28) (Conf. causa “Badaro, Adolfo Valentín”, sent. del 08-08-06); que no existen derechos adquiridos a que el monto del haber siga siendo calculado por las mismas reglas vigentes a la fecha de cese en la actividad (Con. Causa “Arrúes, Abraham David Segismundo c/ANSeS s/acción declarativa –medida cautelar”, sent. del 30-0506) y que la misión más delicada de la Justicia es la de saberse mantener dentro del ámbito de su jurisdicción, sin menoscabar las funciones que incumben a los otros poderes ni suplir las decisiones que deben adoptar para solucionar el problema y dar acabado cumplimiento a las disposiciones del art. 14 bis de la C.N.; todo ello sin perjuicio del ejercicio a posteriori del control destinado a asegurar la razonabilidad de esos actos y a impedir que se frustren derechos cuya salvaguarda es deber indeclinable del Tribunal (Conf. causa “Badaro” ya citada). Asimismo el Máximo Tribunal ha aceptado la validez constitucional de los cambios de los regímenes de movilidad, esto es, del reemplazo de un método de determinación de incrementos por otro, realizado a fin de lograr una mejor administración o dar mayor previsibilidad financiera al sistema de seguridad social; empero el reconocimiento de esa facultad se encuentra sujeto a una indudable limitación, ya que tales modificaciones no pueden conducir a reducciones confiscatorias en los haberes (conf. “Badaro, Adolfo Valentín”, sent. del 26-11-07).
En dicho marco interpretativo, atendiendo a las circunstancias actuales y a los guarismos mencionados tanto en la demanda como en la presentación posterior del actor, no se visualiza –reitero, en la actualidad- que las diferencias allí advertidas demuestren en forma manifiesta la lesión constitucional invocada que torne procedente la acción de amparo intentada, en tanto que actualmente no puede enfáticamente concluirse que la modificación operada por la ley 27.426 arroje resultados confiscatorios; que los incrementos a otorgar según su fórmula no respeten el carácter sustitutivo mencionado y que no observen la garantía de movilidad contemplada en el art. 14 bis de la Constitución Nacional y afecten el principio de progresividad receptado en los Tratados Internacionales con jerarquía constitucional.
V. A mayor abundamiento cabe señalar que la sola modificación de la ley por otra que la parte actora califica de menor cobertura que la anterior (calificación ésta que en la actualidad no ha quedado demostrada a través de la hermenéutica del Máximo Tribunal tal como se indicara en las consideraciones precedentes), no es razón suficiente para declararla contraria al plexo constitucional.
Así, ha sostenido también la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que escapa a la revisión de los jueces el examen de la conveniencia o del acierto del criterio legislativo adoptado en el ámbito propio de sus atribuciones (Fallos: 157:127) y que no constituye cuestión constitucional concreta a bondad y procedencia del contenido de la ley (Fallos: 161:409), así como que no le compete a los jueces resolver cuestiones que son privativas de los otros Poderes del Estado (Fallos: 315:1820), ni pronunciarse sobre el acierto, el error, el mérito o la conveniencia de las soluciones legislativas (Fallos: 314:424).
Finalmente, en cuanto al punto, cabe indicar también que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado que “nadie tiene un derecho adquirido al mantenimiento de las leyes y reglamentaciones y que la derogación de una norma por otra posterior, no afecta derecho alguno emanado de la Constitución Nacional” (del dictamen de la Procuración General al que remitió la Corte; C.S.J.N., “Gardebled Hermanos S.A. c/PEN – dto. 1349/01 s/amparo ley 16.986”, sent. del 14-08-07, Fallos: 330:3565, entre muchos otros).
VI. En orden al restante embate que la actora efectúa a la constitucionalidad de la ley 27.426, que funda en que la ley es de aplicación retroactiva y violenta sus derechos adquiridos, cabe señalar que en nuestro ordenamiento jurídico no existe prohibición de aplicar las leyes en forma retroactiva, salvo que su dictado violente derechos amparados por garantías constitucionales. Así el art. 7 del Código Civil y Comercial de la Nación dispone que a partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Agrega la norma que las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario y que la retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Analizando los términos tanto de la ley 26.417 y su reglamentación (Res. S.S.N. nº 06/09), como de la ley 27.426, se advierte que a la fecha de entrada en vigencia de esta última, ya habían transcurrido los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y parte de diciembre de 2017, cuyos índices debían ser considerados a los fines del cálculo de la fórmula prevista por la primera de las leyes citadas -ley nº 26.417- para otorgar el incremento semestral a aplicar a los haberes previsionales devengados en el mes de marzo de 2018, por lo que fácilmente puede deducirse que la ley 27.426, al modificar tales índices y aplicarlos sobre meses y días ya transcurridos (julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y buena parte de diciembre de 2017), legisla retroactivamente en tanto que modifica índices correspondientes a períodos ya transcurridos. Sin embargo y de conformidad a lo dispuesto en el art. 7 del Código Civil y Comercial de la Nación, tal aplicación no afecta derechos amparos por garantías constitucionales, tal como el de propiedad sobre el que la parte actora formula agravio. Que ello es así en tanto que el derecho del actor –como el de todo beneficiario previsional- a ver incrementado el haber con tales índices, hubiese quedado incorporado a su patrimonio recién en el corriente mes de marzo de 2018, fecha ésta en la que la ley 27.426 ya se encuentra vigente, en tanto que el derecho a la movilidad con los índices de los transcurridos meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2017, recién se hubiese determinado, otorgado y abonado con los haberes del mes de marzo de 2018 y no antes, circunstancia que impide coincidir con el demandante de que la movilidad devengó en tales meses (julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2017) ingresando a su patrimonio en esas fechas. En efecto, la ley 26.417 claramente estipulaba dos momentos para otorgar el incremento por movilidad: en los meses de marzo y septiembre de cada año, por lo que no era sino en esas fechas en que la movilidad se otorgaba y devengaba, sin que dicha ley determinara que la movilidad se devengaba mes a mes aun cuando su pago se realizara semestralmente. La circunstancia de que el legislador determinara que el monto de la movilidad a otorgar semestralmente sería el resultado de una fórmula en la que se consideraban determinados índices correspondientes a los meses de enero a junio y de julio a diciembre, (a abonar en septiembre y marzo de cada año respectivamente), no es sinónimo de un hipotético devengamiento mensual. Así ejemplificativamente, si el actor, o cualquier beneficiario previsional hubiese visto extinguido su beneficio durante dicho lapso (tal el caso de un menor beneficiario de pensión que hubiese cumplido los 18 años el día 01-10-17), éste no se hallaría en condiciones ni antes de esa fecha ni después de ella a exigir sobre sus haberes correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre, el pago de la movilidad proporcional a dichos meses, en tanto que precisamente dicha movilidad no se devengaba en forma mensual sino semestral, por lo que dicho ex beneficiario no podría con posterioridad (ni incluso en el mes de marzo de 2018), sostener que tiene un derecho adquirido a que le sea abonada la movilidad correspondiente a dichos meses, en tanto que tal adquisición hubiese recién ocurrido en el citado mes de marzo de 2018, fecha ésta en la que ya dejó de ser beneficiario. Por ende, toda vez que la reforma que el actor cuestiona entró en vigencia con anterioridad al devengamiento de la movilidad otorgada por la ley 26.417, fecha ésta en la cual tal derecho hubiese ingresado definitivamente a su patrimonio, no existe en el caso violación alguna del derecho de propiedad del actor susceptible de invalidar la norma retroactiva, así como ningún otro derecho amparado por garantías constitucionales en la actualidad, conforme surge de los considerandos que anteceden. En ese sentido la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado que el derecho adquirido tiene, como característica común a las numerosas doctrinas que han querido explicarle, la de un derecho ingresado al patrimonio que lo identifica con la propiedad, comprensiva de todo aquello que forma el patrimonio del habitante de la Nación, trátese de derechos reales o personales, de bienes materiales o inmateriales. La mera expectativa o simple esperanza es, en cambio, una facultad no ejercida, que no puede ser alcanzada por la protección anterior (Conf. C.S.J.N. “Russo, Ángel y Otra c/C. de Delle Donne, E.”, voto del Dr. Luis María Boffi Boggero, Fallos: 243:467). VII. Por tales consideraciones, no hallando configurada violación alguna al derecho de propiedad del actor; ni asimismo en la actualidad –a escasos meses de la entrada en vigencia de la ley 27.426 y a pocos días de su aplicación- y en forma manifiesta, afectados el derecho a la movilidad de los haberes jubilatorios y el principio de progresividad, es que habré de rechazar la acción de amparo deducida en cuanto persigue la declaración de inconstitucionalidad de la ley 27.426, por no hallar reunidos – reitero, actualmente- los recaudos exigidos en el art. 43 de la Constitución Nacional.
VIII. Finamente y en cuanto al planteo que formula el actor por el que solicita se declare la inconstitucionalidad de Dec. 1058/17 que instituyó un subsidio extraordinario por única vez de $ 750.- a los beneficiarios de las prestaciones previstas en el art. 17 de la ley 24.241 con las condiciones de acceso allí consideradas y cuyos haberes devengados al mes de marzo de 2018 sean inferiores a la suma de $ 10.000.- (art. 1) y un subsidio extraordinario, por única vez de $ 375.- a los beneficiarios de las prestaciones previstas en el art. 17 de la ley 24.241 con las condiciones de acceso allí determinadas y con haberes inferiores a $ 10.000.- (art. 2), además de otros subsidios a otorgar a beneficiarios de otras prestaciones (pensiones no contributivas, asignación universal por hijo y por embarazo para protección social), los fundamentos que esboza el accionante en su relación es que se aplica en forma discriminatoria y que mediante su dictado se incumplió con el procedimiento que nuestra Carta Magna ordena para el dictado de las leyes, sin que en ningún párrafo de la demanda el accionante, en base a dicha calificación, pretenda que se aplique a su caso (del que se encuentra excluido conforme surge de la constancia agregada a fs. 5), pretendiendo solamente se declare su inconstitucionalidad y, por ende su inexistencia como norma válida, ante su disconformidad con sus preceptos. Tales circunstancias –falta de relación concreta entre el agravio expresado y las consecuencias que a su persona y derechos aparejaría la recepción de la invalidez pretendida y la simple disconformidad evidenciada- no permiten efectuar el análisis de constitucionalidad pretendido por resultar abstracto en tanto que ninguna condena podría emanar –ante la falta de petición expresa- que resulte a favor del actor, sin que resulte procedente requerir al Poder Judicial una declaración de inconstitucionalidad como actividad abrogatoria de normas dictadas por los otros Poderes del Estado en la medida que no exista un interés concreto del peticionante a aplicar sobre sus derechos, inexistiendo por ende en cuanto a dicho tópico, caso o controversia judicial.
IX. Respecto de las restantes cuestiones alegadas que no fueron expresamente mencionadas, se omite emitir pronunciamiento por considerarlas inconducentes para la solución del conflicto suscitado en autos. En tal sentido el Alto Tribunal ha señalado que “los jueces no están obligados a seguir y decidir todas las alegaciones de las partes, sino sólo aquellas que se estimen decisivas para la correcta solución del litigio y el fundamento de sus conclusiones” (C.S. nov. 4/97 “Wiater c/Min. de Economía”, L.L. 1998-A, 281). De esta suerte se reitera una doctrina expuesta en múltiples ocasiones, merced a la cual se exime al juzgador de tratar todas las cuestiones expuestas por los litigantes y de analizar los argumentos que a su juicio, no sean decisivos (Fallos 272:225, entre otros).
X. Las costas del pleito se impondrán en el orden causado, atendiendo a la especial naturaleza de las cuestiones debatidas (conf. art. 68 segundo párrafo del C.P.C.C.N.)
Por lo precedentemente expuesto, FALLO: 1) Rechazando la acción de amparo deducida por MIGUEL ANGEL FERNANDEZ PASTOR. 2) Imponiendo las costas del pleito en el orden causado, atendiendo a la naturaleza de las cuestiones debatidas (conf. art. 68 segundo párrafo del C.P.C.C.N.). 3) En atención al mérito, extensión y trascendencia de las tareas realizadas, regúlanse los honorarios del Dr. Facundo Fernández Pastor en la suma de pesos diez mil ($ 10.000.-) (Conf. arts. 6, 7, 8, 36 y concs. de la ley 21.839 y ley 24.432, de aplicación al caso en virtud de la observación formulada por el P.E.N. al art. 64 de la ley 27.423 mediante Dec. 1077/17 y sus fundamentos), con más el reintegro en concepto de IVA en caso de corresponder (conf. C.S.J.N., Fallos: 316:1533). Los letrados de la parte demandada deberán indicar si se encuentran comprendidos en lo dispuesto en el art. 2 de la ley 21.839. 4) Regístrese y notifíquese a ambas partes por Secretaría y al Ministerio Público Fiscal. Oportunamente, archívense.
ADRIANA C. CAMMARATA
 
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