Usuario
Contraseña USUARIO NUEVO
Usuario :    En la ruta de la declinación de la calidad institucional: De . . .
 
 
 

ADAPD: A continuación reproducimos la noticia del titular tomada de La Nación y de Infobae. La complacencia manifiesta de los deudores muestra claramente que son la única parte beneficiada de esta sucesión de hechos desafortunados para los acreedores, mostrando nuevamente esta Corte Suprema su falta de independencia con el poder político. ADAPD ha escrito múltiples informes sobre las consecuencias para el país del avasallamiento por parte del poder político sobre el derecho de propiedad, su intromisión en los contratos entre privados en beneficio exclusivo de una de las partes, su actitud discriminatoria y abusiva con respecto a los acreedores más indefensos, su culto al incumplimiento de contratos y deudas, su desprecio por el cumplimiento de la Constitución y las leyes preexistentes, su disfraz populista de la realidad...

 

Estos jueces que conforman la actual Corte Suprema de Justicia de la Nación, demuestran con estos fallos que son absolutamente funcionales al poder político, degradando su investidura como miembros del máximo tribunal encargado de impartir justicia. Eso es la mayor prueba de deterioro institucional que muestra la Argentina. Un país poco confiable, donde el marco jurídico se corre a cada momento según los intereses del poder de turno. No hay estado de derecho, no hay seguridad jurídica.

 

En ese contexto, no hay crédito, ni para el país defaulteador ni para los particulares incumplidores de sus compromisos. Por eso es que Argentina solamente puede financiarse a tasas altas colocando bonos en Venezuela vendidos además bajo el valor nominal, toma fondos del Ansses, de las AFJP, de impuestos distorsivos, pena a la sufrida clase media y a los trabajadores en blanco de la cuarta categoría con abusivos sistemas discriminatorios de impuesto a las ganancias y bienes personales, etc.

 

El abuso de poder, el endeudamiento desproporcionado, y el incumplimiento de las normas se paga, más tarde o más temprano. Quienes lo pagarán?, los mismos de siempre, los más pobres a los que dicen defender, y la desprotegida clase media. Nos preguntamos: cuántos de éstos los votaron?

 

 

La Nación: Es para las deudas privadas, a la que se le aplicará un 50% de la brecha que existe entre un peso y la cotización del dólar más un interés de 7,5% anual; Adevifra (deudores) manifestó su conformidad ante LANACION.com

 

La Corte Suprema de Justicia ratificó la teoría del "esfuerzo compartido" en los casos de préstamos hipotecarias tomados entre privados, al fallar en un caso donde los propietarios de una escuela habían solicitado un crédito de 450 mil dólares para la construcción de un edificio.

 

En un fallo firmado hoy, el máximo tribunal condenó al tomador del crédito a pagar "la suma que resulte de transformar a pesos el capital reclamado en moneda extranjera a razón de un peso por dólar, más el 50 por ciento de la brecha que exista entre un peso y la cotización de la mencionada divisa en el mercado libre de cambio, tipo vendedor".

 

La deuda se calculará de esta manera "excepto que la utilización del coeficiente de actualización previsto en las normas de emergencia económica arrojase un resultado superior, con más un interés del 7,5 por ciento anual, no capitalizable, entre moratorios y punitorios desde la fecha de la mora y hasta la de efectivo pago", según precisa el fallo al que accedió Télam.

 

La Corte se pronunció de esta forma en la causa presentada por ocho acreedores privados contra los propiestarios del "Instituto de Educación Integran San Patricio SRL", por un monto pendiente de pago de 163 mil dólares más intereses sobre el total tomado como préstamo.

 

En el voto mayoritario, los ministros entendieron que en este caso "no se encontraba en juego la vivienda única y familiar del deudor".

 

Los deudores, conformes. El presidente la Asociación en Defensa de la Vivienda Familiar en la República Argentina (Adevifra), Ricardo Feldheim, manifestó a LANACION.com que el fallo es por demás alentador porque pone fin a la controversia de la pesificación.

 

“Los fallos de la Corte empiezan a salir en esta dirección y esta es la salvación de los deudores”, dijo. Y aconsejó a quienes tengan deudas hipotecarias no bancarias a seguir los caminos de la Justicia hasta el máximo tribunal.

 

Según los cálculos de la entidad, más de 200.000 deudores necesitan resolver sus deudas hipotecarias tomadas para la compra o refacción de viviendas únicas. “Vamos a pedir el esfuerzo compartido en todos los casos”, adelantó. Y dijo que así se evitarán los tan temidos remates.

 

Feldheim, de su contacto cotidiano con miles de deudores desde la entidad que preside, manifestó: “Hay predisposición a pagar, pero los deudores necesitan una oportunidad”. Adelantó que en breve pedirán al Gobierno la reapertura del fideicomiso con el Banco Nación para procurar un plan de refinanciación y, así, una solución definitiva del tema.

 

Infobae- Aval a la pesificación. Como en anteriores oportunidades, la Corte aceptó la "realidad de la situación de grave perturbación económica, social y política admitida por la ley 25561" de emergencia económica y avaló la pesificación de la deuda para este tipo de casos.

 

Los ministros avalaron el "derecho de emergencia originado por dicha circunstancia con proyección a las relaciones entre particulares" por lo que encontraron "aplicables normas sobre pesificación a los deudores que hubiesen incurrido en mora con anterioridad al 6 de enero de 2002".

 

De esta forma, el máximo tribunal del país revocó un fallo dictado por la sala J de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, que había declarado "inaplicables" las normas de emergencia económica "porque la mora" era anterior a su entrada en vigencia.

 

La Cámara había ordenado al instituto educativo cancelar la deuda en dólares.

 

El 8 de marzo de 2005, la Corte declaró procedente un recurso de queja presentado por el establecimiento educativo y ordenó la suspensión de la ejecución de dos propiedades que se habían puesto como garantía.

 

El préstamo había sido requerido el 3 de diciembre de 1998 por el Instituto de Educación Integral San Patricio SRL primero por 392 mil dólares al 18 por ciento anual de interés.

 

Luego, el 27 de enero de 1999, se agregaron 58 mil dólares y ante la "falta de pago en tiempo y forma", ocho acreedores privados encabezados por Irene Longobardi,  reclamaron ejecución hipotecaria por la deuda pendiente, 163 mil dólares más intereses.

 

Los ministros Elena Highton de Nolasco y Carlos Maqueda entendieron en un voto en conjunto al que adhirieron con opiniones propias Enrique Petracchi y Eugenio Zaffaroni que "las medidas adoptadas para conjurar la crisis no resultaban desproporcionadas con relación a la finalidad perseguida" y ratificaron su validez constitucional.

 

En disidencia estuvo el ministro Ricardo Lorenzetti, quien se mostró a favor de ejecutar la deuda en dólares en pos del "derecho constitucional a la propiedad".  

 

El máximo tribunal aplicó la teoría de la "distribución proporcional" en una deuda contraída por afuera del sistema financiero, al fallar en una causa en la que el deudor tomó un préstamo de u$s450 mil para la construcción de una escuela

 

 

 

En un fallo firmado, la Corte Suprema de Justicia condenó a la deudora a pagar a sus acreedores "la suma que resulte de transformar a pesos el capital reclamado en moneda extranjera a razón de un peso por dólar, más el 50% de la brecha que exista entre un peso y la cotización de la mencionada divisa en el mercado libre de cambio, tipo vendedor".

 

Además, deberá agregarse un interés del 7,5% anual, no capitalizable, consignó el fallo al que tuvo acceso Infobae.com referido a un préstamo de u$s450 mil tomado entre privados para la construcción de un colegio.

 

La resolución condenó a una deudora, por aplicación del esfuerzo compartido, a pagar a los acreedores la suma que resulte de transformar a pesos el capital reclamado en moneda extranjera a razón de un peso por dólar mas el 50% de la brecha que exista entre un peso y la cotización de la mencionada divisa en el mercado libre de cambio, tipo vendedor, del dia en que corresponda efectuar el pago, con mas un interés del 7.5 % anual.

 

El máximo tribunal declaró admisible el recurso extraordinario planteado en la causa "Longobardi, Irene Gwendoline c/ Instituto de Eduación Integral San Patricio SRL y revocó el fallo apelado en cuanto al modo en que debe calcularse el monto adeudado.

 

La Corte aclaró que no se encontraba en juego la vivienda única y familiar del deudor, y aceptó una vez más la realidad de la situación de "grave perturbación económica, social y política" admitida por la ley 25.561, asi como la existencia "de un derecho de emergencia originado por dicha circunstancia con proyección a las relaciones entre particulares".

 

El alto tribunal tomó como precedente lo resuelto en fallo "Rinaldi" de la misma Corte y consideró aplicables las normas sobre pesificación a los deudores que hubiesen incurrido en mora con anterioridad al 6 de enero de 2002.

 

El 3 de diciembre de 1998 el Intituto de Educación Integral San Patricio recibió un préstamo de 392.000 dólares con destino a la construcción de un colegio para la enseñanza privada y secundaria.

 

Se obligó a devolverla en un plazo de un año con más un interés compensatorio del 18 % anual, y gravó dos inmuebles de su propiedad con un derecho de hipoteca a favor de sus acreedores.

 

El 27 de enero de 1999 se amplió el préstamo en u$s 58.000, que la deudora se comprometió a restituir en las mismas condiciones que el mutuo anterior.

 

Ante la falta de pago, los coacreedores iniciaron una ejecución hipotecaria por el cobro de 163.000 dólares en concepto de capital con intereses, oportunidad en que plantearon la inconstitucionalidad de la ley de emergencia económica que instauraron la pesificación.

 

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil , al modificar el fallo de primera instancia que había hecho lugar a ese planteo, y ordenando la aplicación del esfuerzo compartido, consideró que las normas eran inaplicables porque la mora se había producido con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de dichas disposiciones.

 

Por eso condenó a la ejecutada a cancelar la deuda en la moneda convenida, difiriendo la cuestión atinente a los intereses para la etapa de la liquidación definitiva.

 

Contra ese fallo la deudora interpuso el recurso extraordinario, que denegado, dio origen a una queja ante la Corte, que fue declarada procedente al ordenarse la suspensión de los procesos de ejecución.

 

Los ministros Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda coincidieron al señalar que "la distribución proporcional del esfuerzo patrimonial es la vía con mayor aptitud para resguardar los derechos constitucionales de las partes".

 

 

 
CONTACTENOS

 
Busqueda